Marcela llegó a España hace doce años y durante su primer año fue obligada a ejercer la prostitución. Tardó tres años en recuperarse, pero lo consiguió. Ahora trabaja con otras mujeres víctimas de trata de personas dándoles apoyo psicológico y médico, información y ayudándoles a dar el paso para denunciar.
La Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp) la acogió en uno de sus pisos de protección que tiene repartidos por toda España, le dio clases de español y la formó en asistencia sociosanitaria para que pudiese conseguir un empleo cuidando a una señora mayor. Pero, transcurridos tres años en este trabajo, el Estado intentó expulsarla del país. Con las leyes de entonces no era una víctima de trata, era una inmigrante ilegal.
“Nuestro trabajo consiste en acercarnos a las mujeres y repartir material preventivo -preservativos y lubricantes-”, cuenta Marcela. Conseguido el acercamiento, les ofrecen asistencia sanitaria gratuita, que también cubre posibles infecciones de transmisión sexual, y talleres de formación.
